PROFESORES Y MACARRAS, O TODOS BAJO SOSPECHA

Hay veces que, frente a la inquina, comporta ímprobos esfuerzos no reaccionar procazmente. Y hoy es una de estas veces. Resulta que a todos los docentes del país se nos va a exigir un certificado que acredite la falta de antecedentes por delitos sexuales. Dicha certificación, según la ley 26/2015 de  Protección a la Infancia y a la Adolescencia, deberá emitirla el Registro Central de Delincuentes Sexuales, un organismo hoy por hoy inexistente. Pero el celo, nunca mejor dicho, de ciertas administraciones educativas, parece haberles impelido a exigir ya la correspondiente certificación, que a falta de organismo que la pueda emitir, y a instancias del Ministerio de Educación, requiere supletoriamente un certificado de antecedentes penales donde, por cierto, no se especifica la naturaleza del delito en el supuesto que lo hubiera. La presunción de inocencia no parece que sea un derecho si eres docente.

Lo dicho, dan ganas de mandarlo todo a la mierda, sin más. La medida sin duda será aplaudida por una mayoría social indiscutible y el Ministerio acreditará así su preocupación y desvelos por los derechos de los infantes y los adolescentes. Y muchos de los que la aplaudirán son los mismos que, por ejemplo, montarían en cólera si se le exigiera a cualquier residente o ciudadano musulmán que acreditara por los mismos medios no estar vinculado a ningún tipo de actividad relacionada con el terrorismo yihadista; en fin, sobran ejemplos. Pero es lo que hay, y como total, se trata de profesores y maestros… pues leña al mono.

No faltarán tampoco los voceros sicofantes de siempre que incorporen argumentos añadidos sobre los saludables efectos pedagógicos que tendrá en la seguridad psíquica de los alumnos y sus positivas repercusiones en el rendimiento escolar, sabiéndose a salvo, por fin, de los desalmados y pederastas que tanto abundan, por lo visto, entre el personal docente. Porque si se empieza incluso antes de que la ley esté en condiciones de aplicarse -la agencia emisora de los certificados correspondientes no existe aún- será porque sin duda hay una auténtica alarma social y fundamentadas evidencias que aconsejan acometer expeditivamente el problema de este nido de pederastas emboscados que parece ser el colectivo docente de este país. Si no fuera así ¿por qué iban a adoptar tales medidas de urgencia? Nada, como los judíos españoles en los años de la Inquisición, todos culpables, a menos que demuestren lo contrario. Probatio diabólica, se le llama a esto.

Hasta ahora, pensaba uno que las incidencias más frecuentes eran las de acoso a alumnos por parte de otros alumnos-ante los cuales el profesorado está atado de pies y manos-; casos que desgraciadamente sólo salen a la luz cuando la víctima se suicida, la suicidan o la ingresan en urgencias por haber recibido una brutal paliza. También en urgencias hospitalarias han ingresado docentes agredidos por alumnos o por sus señores padres –uno se presentó no hace mucho con una escopeta recortada en un instituto dispuesto a hacer justicia porque habían suspendido a su hijito del alma-. Y eso por no hablar de los insultos y vejaciones verbales de que son objeto los docentes, que se han convertido en amargo pan de cada día, frente a una Administración que los desautoriza, y con los recursos de supervivencia por cuenta propia como única alternativa.

No tiene tampoco uno noticia de alumnos agredidos por profesores, ni asesinados; sí, en cambio, de lo contrario. Pero como todo esto sería muy complejo de abordar, vayamos a lo fácil y resultón: démosle pábulo a la plebe. Para ello, nada como inventar un problema donde no lo hay, o magnificar uno cuya incidencia es ínfima para crear la debida alarma social, y cargar el estigma sobre todo un colectivo. La desacreditación generalizada es definitiva entonces por imposible regeneración pública. Porque el problema no radica en que pueda haber pervertidos entre los docentes, sino en que todos tengan que demostrar que no lo son, con lo cual no sólo se pone a todos los miembros del colectivo bajo sospecha, sino mucho más allá: se sitúa a todo docente bajo una indiciaria culpabilidad que comporta una acusación de la cual se ha de redimir mediante un certificado que acredite su inocencia.

Y esto es peor que una probatio diabólica, por las consecuencias de reprobación y desprestigio social que se ciernen inevitablemente sobre todo el colectivo. Definitivamente, en el proceso inquisitorial que desde hace años se está llevando a cabo contra los docentes, esta vez los advocati diaboli han traspasado todos los límites legales y morales habidos y por haber. Son como el gran inquisidor del cuento que Dostoiewski introduce en Los Hermanos Karamazov: el ateo metido a inquisidor, el pirómano a bombero, el ladrón a policía, el delincuente a político, el pederasta a moralista…

¿Ha pensado alguien en la mortífera arma que se está poniendo en las manos de cualquier desaprensivo? ¿Ha pensado alguien en el redoblado y perverso efecto inhibidor que tendrá incluso sólo la potencial amenaza de una denuncia falsa por acoso sexual en un conflicto entre profesor y alumno? ¿Son quiénes han pergeñado tal perversidad conscientes del aberrante escenario que están propiciando? Sí, claro que lo son, por supuesto que lo son.

Pero hay que tener siempre a mano víctimas propiciatorias a las que colgarles el sanbenito, para que expíen los pecados y  los demonios de una sociedad enferma, de una opinión pública narcotizada, de unos políticos zafios y corruptos... Y nos ha tocado a los docentes. Somos los modernos cabezas de turco, o los judíos de la posmodernidad. Así lo ha decidido quien decide.

Algo huele a podrido en todo esto, que diría Hamlet, el maestro de la duda. Y tal vez sea ya la hora que los docentes disipemos las nuestras y caigamos en la cuenta de que van por nosotros y, o reaccionamos, o estamos acabados. Sólo nos queda, frente a tanto cabronazo, la esperanza de la Eneida: una salus victis, nullam sperare salutem. Empecemos a hablar claro de una vez.