Qué duda cabe. Unos partidos
políticos blindados como los actuales son un campo abonado para las carreras de
los mediocres y para la corrupción desbocada. Pero no debemos olvidar que los
partidos son esenciales a la democracia, a menos que no empecemos a
caracterizarla con predicados «sospechosos», desde las democracias
"populares" hasta la democracia "orgánica"...
Nuestro sistema electoral,
por otro lado y distando mucho de ser perfecto, no es mejor ni peor en sí que
cualquier otro de los conocidos. Se trata de un sistema proporcional con
correcciones cuyas circunscripciones de base territorial son las provincias.
Como en tantos otros países lo son su equivalente, llámeseles departamentos o
como se quiera... Y se trata de un sistema que, aun con sus incorrecciones
-como por ejemplo que un diputado por Soria se obtenga con dos o tres veces
menos votos que en Madrid o Barcelona- reduce prácticamente a niveles de
despreciabilidad matemática la posibilidad de que un partido que no sea el
primero en votos lo fuera, sin embargo, en diputados.
Es cierto que se ha dado
algún caso de estos, pero a nivel de elecciones autonómicas -en Cataluña, por
ejemplo- y debido al escaso número de circunscripciones, las cuatro provincias.
Pero incluso así, hay que decir que ni las listas cerradas, ni el sistema
proporcional, ni que haya sólo cuatro circunscripciones, tiene nada que ver con
el sistema proporcional ni con la ley d'Hondt, sino que, en todo caso, tendría
que ver con un criterio extrinseco, destinado a favorecer a los partidos
nacionalistas, que establece una clara desproporción entre los diputados por
circunscripción y sus respectivas demografias.
Pero ello no es tampoco
un criterio que sea transpolable al sistema español, en el cual, al revés que
en el catalán, las circunscripciones más penalizadas son precisamente las
provincias con más peso demográfico: Madrid y Barcelona, fundamentalmente. Y
ello ya desacredita per se a los que
piensan que hay un exceso de partidos nacionalistas periféricos en el parlamento español, debido a un sistema
electoral injusto que prima la concentración del voto y penaliza su dispersión.
Porque entonces la única solución sería, desde esta perspectiva,
infrarrepresentar a Cataluña y a Euskadi, o suprimirlas sin más del mapa
electoral. Una medida, ésta, de más que dudosa legitimidad democrática, pero
que acaso gozaría de altos niveles de aceptación a ambos lados de las
trincheras nacionalistas, ya que acabaría convirtiendo sus respectivas
sinrazones en razones.