Y DESPUÉS DEL 27-S ¿QUÉ?

No percibo en la actual situación catalana y española ningún elemento que invite siquiera al más reservado y contenido de los optimismos. A la obstinación y a la cerrazón de unos, se le opone la cerrazón y la obstinación de los otros. Y me sorprende la frivolidad con que se considera la situación desde ciertos sectores, no ya porque piensen que el independentismo no va en serio, que también, sino, y sobre todo, por la ligereza con que se contemplan las posibles medidas para atajarlo. Diríase que algunos, a estas alturas, todavía no han entendido nada.

Como decía en mi última entrega, el modelo de la cuenta atrás elegido por los líderes independentistas, crea dificultades añadidas desde el mismo momento en que el objetivo de la independencia se presenta como una realización a materializar en unos tan cortoplacistas. Pero también es verdad que desde la estrategia independentista, dicho error forzado podría reconvertirse en acierto por el escaso margen de maniobra que el gobierno español de ha autoimpuesto. Que quede claro que no me interesa dilucidar aquí cuál de los dos bandos tiene razón, sino el escenario que están propiciando entre ambos.

Para los estrategas de la independencia, su objetivo es precisamente que el propio error, si obtienen la mayoría, de una declaración unilateral de independencia, provoque un error forzado por parte del gobierno español, de fatales consecuencias. Cierto que la independencia es un objetivo inalcanzable… en la actual situación y contexto, pero la concatenación de errores puede precipitar un nuevo escenario donde ya no lo fuera. Y me temo que esta variable no se ha contemplado; o si se ha hecho, ha sido con una frivolidad alarmante.

La posición del gobierno español ha sido hasta ahora, y sigue siendo, su absoluta determinación por el cumplimento de la ley en un estado de derecho. Y su negativa a negociar nada. Supongamos pues que llega el día en que se produce la declaración de independencia por parte del Parlamento catalán, con una mayoría, pongamos, de 68 contra 67. ¿Qué ocurre entonces?

Para empezar, las argumentaciones sobre la ilegalidad de tal medida no sirven para nada si no se pasa a la acción. Sí, es cierto que según el Estatuto de Cataluña, para reformarlo se requiere una mayoría cualificada de dos tercios de la cámara, y si no iban a conseguir esta mayoría ni en Cataluña, difícilmente la votación por mayoría simple de una declaración de independencia, que no entra es sus competencias, iba a tener la menor validez jurídica. Pero es que esto carece de importancia en el escenario que se pretende forzar con dicha declaración abriría,  que sería de naturaleza eminentemente política; de conflicto político abierto.

Es verdad que una independencia sin la menor complicidad internacional carece de posibilidades. Y a las calabazas recogidas por Mas a lo largo de su periplo «diplomático», hay que añadirle las más recientes y explícitas de Merkel o de Cameron. Lo tiene muy mal por ahí el independentismo, pero precisamente por ello su estrategia consiste en forzar al máximo la tensión, hasta llegar a un punto sin posible vuelta atrás que abra un nuevo escenario. Y esto pienso que cree poder conseguirlo con la declaración unilateral de independencia.

Para contrarrestar dicha declaración y sus eventuales disposiciones efectivas, se habla de recurrir a la ley. Sí ¿Pero cómo? Desde siempre, una ley cuya aplicación no se sustente en última instancia con métodos coercitivos, es menos ley. Así que hablar de utilizar todos los medios legales incorpora per se la utilización de medidas de fuerza coercitivas como acompañamiento. Y su utilización no dependerá del gobierno español, sino de los independentistas catalanes.

Por lo general, se ha hablado de aplicar el artículo 155 de la Constitución, anulando la autonomía catalana por el procedimiento de intervenirla. Más sotto voce, se habla también de los «tanques». En realidad, no son dos medidas distintas, sino una y una de sus eventuales variantes. Y con ella se abriría un nuevo escenario en el cual lo que pueda ocurrir es absolutamente impredecible en sus consecuencias.

Para empezar, el Estado puede intervenir superestructuralmente la Administración de la Generalitat y hasta dejarla sin luz eléctrica. Pero sólo superestructuralmente, substituyendo con gente propia a todos los cargos políticos y administrativos con dependencias directamente políticas. Y hasta incluso algo más abajo. Pero no a todos los funcionarios, y aun así, con evidente riesgo de colapso. Pero bien, asumamos que esto es lo que se hace, se inhabilita al Gobierno de la Generalitat y se pone al frente a un grupo de funcionarios para hacerse cargo de la dirección y gestión de todas sus competencias. En un interesante artículo de hace unas semanas, Manuel Castells ironizaba sobre la absoluta ineficacia de tal medida; al menos, por las buenas.

Porque con lo primero que se iban a encontrar es con una Administración de naturaleza fuertemente clientelista, ideologizada y claramente hostil, con el consiguiente boicoteo que se iniciaría como resistencia pasiva. ¿O qué decir de tantos municipios que se han declarado independentistas si, por ejemplo, la consigna fuera la resistencia pasiva y la desobediencia civil pacífica? ¿Se metería en la cárcel a los 300 alcaldes que colgaran la estelada? ¿Cómo reaccionaría el resto de la población catalana no-independentista? El independentismo no es mayoritario, pero sí dispone de suficiente masa crítica y apoyos activos en puestos clave como para responder con este tipo de «contraofensiva»; y vendiendo la homologación de esta «nueva» situación con la posterior al 11 de septiembre de 1714; a la idea de un país ocupado y de una población que, mayoritariamente, se opone a esta ocupación.

La réplica inevitable por parte del Estado no podría ser otra que un incremento de la tensión con la consiguiente represión, purgas, destituciones y puede que encarcelamientos, que acabarían de escribir las hasta hoy autohagiografías de los líderes independentistas. Los problemas de orden público serían inevitables, y el estado de excepción, seguramente que también. Algunos piensan que, como mucho, se produciría una «batasunización» de los sectores independentistas más radicales, y que la situación podría «estabilizarse» sin solución de continuidad bajo estos parámetros. En mi opinión no sería así. básicamente. Además, la impopularidad del tipo de medidas adoptadas iba a llevar a sectores no independentistas a abrazar el independentismo o, como mínimo, a solidarizarse activamente con él. Y en una situación de progresivo deterioro sin solución de continuidad, pero que tampoco es eternizable, salidas antes imposibles acaso empezarían a ser más verosímiles. No digamos ya si empiezan a haber muertos y mártires de la causa.

En resumen, si la intervención de la autonomía catalana conlleva de una forma u otra, como pienso yo, la inevitabilidad de los «tanques», la presencia de éstos no será ni mucho menos decorativa, sino funcional. Y después de los tanques de la Brunete, podrían venir los cascos azules. Y el inevitable referéndum que entonces sí estaría el independentismo en condiciones de ganar.

Lo de los cascos azules no es ninguna frivolidad. A nadie le interesa una España errática e inestable. Y hay también otras variables a considerar, desde qué pasaría en el Pais Vasco, hasta cómo todo esto repercutiría en el resto de España, en su economía, en su posición internacional, en su situación social y política... Es por eso precisamente que las grandes potencias no quieren oír hablar ahora mismo de nuevos estados ni en broma. Pero en otro escenario, podrían cambiar de criterio. No es impensable;  manda es el contexto. Lo que sí me parece una frivolidad, en cambio, es considerar que con la intervención de la autonomía catalana se zanja el tema y se le da carpetazo. Me parece a mí que es no haber entendido el problema, o no querer entenderlo.

Claro que, a lo mejor, el que no lo ha entendido soy yo. Ojalá.