En otras palabras, si por razones de Estado no se quiso
resolver el caso en algún momento, lo cierto es que estas mismas razones de
Estado podían invertirse con cualquier cambio de facción en el poder o de
régimen. Podemos aceptar que ni la débil monarquía de Amadeo ni la República
consiguieron resolverlo; y el régimen de la restauración no estuvo demasiado
interesado en el tema. De acuerdo. Ahora bien, muchos de los personajes que
estuvieron con Prim, o en contra suya, siguieron en la carrera política durante
Amadeo, la República y la Restauración. Y sesenta años después de la muerte de
Prim, con la II República, es razonable pensar que el régimen sí estaría
interesado en resolver el magnicidio, si es que se acordaban. Ello partiendo de
la base, ciertamente, que los autores intelectuales de la muerte de Prim
fueran, por ejemplo, los montpensierianos y el propio Montpensier, o Serrano o
los negreros cubanos. Simétricamente, por las mismas razones cabe pensar que si
hubieran sido los elementos más radicales del republicanismo federalista,
entonces hubiera sido el régimen canovista el primer interesado en resolver el
caso. Ni así.
Y esto, como decía, es lo primero que resulta altamente
sospechoso. Parece que una vez muerto Prim, bien muerto estuvo y se gestó una
especie de acuerdo universal en no remover el tema. Sencillamente el silencio,
el enigma y las consiguientes especulaciones.
La relevancia y los cargos de los conspiradores puede servir para
Kennedy, pero no para Prim. Y sin embargo, nada. Ni unos ni otros han podido o
querido resolver el enigma de la muerte de Prim. Como si una vez muerto el
general, a nadie le interesara dar con sus asesinos. Algo así denunció
Valle-Inclán: “Una cautelosa y poderosa influencia
velaba para embrollar el esclarecimiento del asesinato del general Prim”.
Empezaremos por la
versión que hoy en día se tiene como defintiva y que es, en cualquier caso, un
referente ineludible: el estudio de Pedrol Rius de 1960.
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