dimecres, 18 de novembre de 2015

PROFESORES Y MACARRAS, O TODOS BAJO SOSPECHA




Hay veces que, frente a la inquina, comporta ímprobos esfuerzos no reaccionar procazmente. Y hoy es una de estas veces. Resulta que a todos los docentes del país se nos va a exigir un certificado que acredite la falta de antecedentes por delitos sexuales. Dicha certificación, según la ley 26/2015 de  Protección a la Infancia y a la Adolescencia, deberá emitirla el Registro Central de Delincuentes Sexuales, un organismo hoy por hoy inexistente. Pero el celo, nunca mejor dicho, de ciertas administraciones educativas, parece haberles impelido a exigir ya la correspondiente certificación, que a falta de organismo que la pueda emitir, y a instancias del Ministerio de Educación, requiere supletoriamente un certificado de antecedentes penales donde, por cierto, no se especifica la naturaleza del delito en el supuesto que lo hubiera. La presunción de inocencia no parece que sea un derecho si eres docente.

Lo dicho, dan ganas de mandarlo todo a la mierda, sin más. La medida sin duda será aplaudida por una mayoría social indiscutible y el Ministerio acreditará así su preocupación y desvelos por los derechos de los infantes y los adolescentes. Y muchos de los que la aplaudirán son los mismos que, por ejemplo, montarían en cólera si se le exigiera a cualquier residente o ciudadano musulmán que acreditara por los mismos medios no estar vinculado a ningún tipo de actividad relacionada con el terrorismo yihadista; en fin, sobran ejemplos. Pero es lo que hay, y como total, se trata de profesores y maestros… pues leña al mono.

No faltarán tampoco los voceros sicofantes de siempre que incorporen argumentos añadidos sobre los saludables efectos pedagógicos que tendrá en la seguridad psíquica de los alumnos y sus positivas repercusiones en el rendimiento escolar, sabiéndose a salvo, por fin, de los desalmados y pederastas que tanto abundan, por lo visto, entre el personal docente. Porque si se empieza incluso antes de que la ley esté en condiciones de aplicarse -la agencia emisora de los certificados correspondientes no existe aún- será porque sin duda hay una auténtica alarma social y fundamentadas evidencias que aconsejan acometer expeditivamente el problema de este nido de pederastas emboscados que parece ser el colectivo docente de este país. Si no fuera así ¿por qué iban a adoptar tales medidas de urgencia? Nada, como los judíos españoles en los años de la Inquisición, todos culpables, a menos que demuestren lo contrario. Probatio diabólica, se le llama a esto.

Hasta ahora, pensaba uno que las incidencias más frecuentes eran las de acoso a alumnos por parte de otros alumnos-ante los cuales el profesorado está atado de pies y manos-; casos que desgraciadamente sólo salen a la luz cuando la víctima se suicida, la suicidan o la ingresan en urgencias por haber recibido una brutal paliza. También en urgencias hospitalarias han ingresado docentes agredidos por alumnos o por sus señores padres –uno se presentó no hace mucho con una escopeta recortada en un instituto dispuesto a hacer justicia porque habían suspendido a su hijito del alma-. Y eso por no hablar de los insultos y vejaciones verbales de que son objeto los docentes, que se han convertido en amargo pan de cada día, frente a una Administración que los desautoriza, y con los recursos de supervivencia por cuenta propia como única alternativa.

No tiene tampoco uno noticia de alumnos agredidos por profesores, ni asesinados; sí, en cambio, de lo contrario. Pero como todo esto sería muy complejo de abordar, vayamos a lo fácil y resultón: démosle pábulo a la plebe. Para ello, nada como inventar un problema donde no lo hay, o magnificar uno cuya incidencia es ínfima para crear la debida alarma social, y cargar el estigma sobre todo un colectivo. La desacreditación generalizada es definitiva entonces por imposible regeneración pública. Porque el problema no radica en que pueda haber pervertidos entre los docentes, sino en que todos tengan que demostrar que no lo son, con lo cual no sólo se pone a todos los miembros del colectivo bajo sospecha, sino mucho más allá: se sitúa a todo docente bajo una indiciaria culpabilidad que comporta una acusación de la cual se ha de redimir mediante un certificado que acredite su inocencia.

Y esto es peor que una probatio diabólica, por las consecuencias de reprobación y desprestigio social que se ciernen inevitablemente sobre todo el colectivo. Definitivamente, en el proceso inquisitorial que desde hace años se está llevando a cabo contra los docentes, esta vez los advocati diaboli han traspasado todos los límites legales y morales habidos y por haber. Son como el gran inquisidor del cuento que Dostoiewski introduce en Los Hermanos Karamazov: el ateo metido a inquisidor, el pirómano a bombero, el ladrón a policía, el delincuente a político, el pederasta a moralista…

¿Ha pensado alguien en la mortífera arma que se está poniendo en las manos de cualquier desaprensivo? ¿Ha pensado alguien en el redoblado y perverso efecto inhibidor que tendrá incluso sólo la potencial amenaza de una denuncia falsa por acoso sexual en un conflicto entre profesor y alumno? ¿Son quiénes han pergeñado tal perversidad conscientes del aberrante escenario que están propiciando? Sí, claro que lo son, por supuesto que lo son.

Pero hay que tener siempre a mano víctimas propiciatorias a las que colgarles el sanbenito, para que expíen los pecados y  los demonios de una sociedad enferma, de una opinión pública narcotizada, de unos políticos zafios y corruptos... Y nos ha tocado a los docentes. Somos los modernos cabezas de turco, o los judíos de la posmodernidad. Así lo ha decidido quien decide.
Algo huele a podrido en todo esto, que diría Hamlet, el maestro de la duda. Y tal vez sea ya la hora que los docentes disipemos las nuestras y caigamos en la cuenta de que van por nosotros y, o reaccionamos, o estamos acabados. Sólo nos queda, frente a tanto cabronazo, la esperanza de la Eneida: una salus victis, nullam sperare salutem. Empecemos a hablar claro de una vez.

12 comentaris:

  1. Son este tipo de noticias las que me hacen dudar si son productivas mis cavilaciones acerca del porcentaje de estupidez y de maldad que podemos encontrar en las decisiones de nuestra administración educativa. No parece sensato achacarlo solo a la incompetencia, desde luego. Apañados estamos.

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  2. Cierto, amigo Alberto, cierto; apañados estamos.

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  3. Jo me’l vaig haver de fer, fa vuit anys per donar classe al Regne Unit. Així que potser no és que pensin tant com dius a l’article, pensar que segons qui pensa, és sobrevalorar-ho, sinó que simplement copien.

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    1. I si alguna vegada pensen, sempre és com treure's ells les puces del damunt carregant-les als altres.

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  4. Excelente artículo, querido Xavier. Dando en el clavo como siempre. Quizá no te atreviste a entrar en el otro gran problema de la profesión: el acoso laboral, tan en boga hoy día, y tan permitido por los mismos que nos han acusado, ya sin remedio de vuelta atrás, de lo que no somos. De momento, yo voy a ejercer mi derecho a la rebeldía y me voy a negar, hasta donde me permita el límite, a aportar certificado alguno. Faltaría más, después de 26 años de profundo respeto profesional a todo prójimo. Les obligaré a tener que forzarme a cumplir el capricho: jamás me rendiré a la sospecha gratuita. Enhorabuena. Un saludo.

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    1. No es que no me atreviera, sino que uno ya no da al abasto con tanta mezquindad. Un abrazo.

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  5. Hola, Xavier y restantes amigos. Como este asunto ya salió en algunos comentarios de mi artículo "Para profesores buenos, los del futuro, los demás son todos una..." y allí sostuve que esta medida no era condenable, creo que por coherencia debería explicarme aquí también. Si pulsamos el enlace de la Ley 26/2015, veremos que nos lleva a un texto en el que se presentan algunas modificaciones a la Ley 1/1996. La octava de ellas dice:
    «5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.»
    Por lo que yo entiendo de esto, quienes van a estar obligados (si es que esto llega a ponerse en marcha) a demostrar su no implicación en determinados delitos sexuales no vamos a ser los profesores, sino quienes pretendan acceder a la nuesta o a cualquier otra profesión que implique relación con menores. En consecuencia, no es a nuestro colectivo ni a ningún otro grupo porfesional a quien se señala y estigmatiza, sino que lo que se pretende es que, dentro del indefinido colectivo de aspirantes a oficios relacionados con niños (esto puede afectar también a los aspirantes a pediatras, por ejemplo) no se cuele ningún pederasta, cosa que me parece lógica, dado que ya hay precedentes de estos señores situándose en oficios propicios para sus perversiones. Creo que este comportamiento de la Administración es irreprochable, ya que no criminaliza a ningún colectivo profesional, sino que fija filtros para que determinados delincuentes no se infiltren donde no corresponde. Desde luego, pedirnos a los que ya somos profesores un certificado negativo sobre delitos de cualquier índole sería un abuso y, no sé vosotros, pero yo me negaría en redondo a darlo y acudiría a un abogado, por aquello de la presunción de inocencia. Creo, pues, que los señores de eldiario.es, o no han leído bien la norma, o tenían ganas de enredar. Un saludo para todos.

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    1. Discrepo esta vez, querido Guachimán, no tanto en el fondo, como en la forma bajo la cual se recurre a esta medida, es decir, contextualmente. Cierto que la ley prevé, como bien indicas, que se trata de un requisito para los que accedan, pero como también sabes muy bien, aquí se hace de la capa un sayo en un santiamén. Y visto contextualmente, es ni más ni menos que la estigmatización de todo un colectivo. Si el diario.es ha añadido por su cuenta o no que determinadas autonomías se lo estén exigiendo a todo docente, es algo que habrá que dilucidar, pero me parece verosímil, tanto si atiendo a su naturaleza como al hecho de que aparecen también declaraciones e información sobre la paralización de esta medida en una comunidad gracias a la protesta de algunos sindicatos. En mi próxima entrega abundo algo más en la "oportunidad" de esta medida antipedófila, sobre todo en aquello del cui prodest? El cuándo, el cómo... el contexto, en definitiva, nunca debe perderse de vista. Saludos y un abrazo.

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  6. Me pregunto yo si en el Registro Central de Delincuentes Sexuales entran los padres de los alumnos o los directores de los centros. Y puestos a preguntarse, si entran los propios alumnos. Pienso que de crearse tal furibundo registro sería también menester entrar a los pedagogos, con esa tendencia tan natural que presentan a "ser amigos de los niños". Menuda hipocresía social o patología psicopolítica. Enhorabuena por su artículo.

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    1. Y es que además, mi querida Carminamismo, tal Registro no existe, con lo cual, y antes que cualquier otra consideración, lo que se está haciendo es, como decimos en catalán, "posar el carro davant dels bous", o sea, poner el carro delante de los bueyes que han de tirar de él.

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  7. Aquí me parece que la canallada consiste en eso tan maligno de : Cuando el río suena, agua llevará. Y no suena nada tanto como una orden ministerial propalada por los medios. O dicho de otra forma: Una vez echado el borrón infamante, a ver quién hace cuenta nueva. Yo lo veo de este modo: Aceptemos que no se trata de demostrar la inocencia, lo que sería una aberración, sino de mostrar la inocencia, con los papeles correspondientes. Pues aun así se ha visibilizado a alguien como presunto, como sospechoso o como sospechable. Y en este caso no a alguien sino a un colectivo de centenares de miles, casual y causalmente culpables de los males de la enseñanza. En fin, seguiremos p' alante..

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  8. Y si el río no baja (agua) pues echémosla, así bajará.

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