dijous, 19 de novembre de 2015

LA SOSPECHA METAFÍSICA (I de II): A PROPÓSITO DE «PROFESORES Y MACARRAS»



Es verdad, como apunta acertadamente Guachimán en su comentario a la anterior entrega, que la ley 26/2015 sólo contempla la exigencia del certificado de «buena conducta sexual» para aquellos que accedan a la función docente o cualquier otra que implique relación con infantes o adolescentes. Como también es verdad, tal y como apunta Manolo, que algo de esto ya existe, en la medida que cada vez que se produce una sentencia condenatoria hacia un pedófilo, el juzgado está obligado a informar de ello a la empresa que le da trabajo; o, como afirma Jordi en otro comentario, también se exige para ejercer en Inglaterra, como seguramente en muchos otros países civilizados. Alberto, por su parte, y creo yo que con buen tino, apunta más bien hacia el pretexto facilitador de una posible caza de brujas.

El caso es que no parece que ciertas administraciones educativas hayan podido esperar a que exista el debido registro. Y créanme que es sintomático. Porque tampoco es menos cierto que exigen supletoriamente un certificado penal, y no sólo para los que acceden a la docencia, sino para todos aquellos que ya la están ejerciendo. Al menos según la información y los datos que aporta el diario.es, con alusiones directas a una comunidad autónoma muy concreta y declaraciones de dirigentes sindicales y juristas. La veracidad de la información me parece, pues, solvente. Y si no fuera así, que lo desmientan las instituciones y las personas referidas.

Y es que las cosas no lo son en sí, sino en contexto. Si se me permite parafrasear groseramente a Heidegger, somos «seres en el mundo», o a Ortega, somos «nosotros (yo) y nuestras (mis) circunstancias». Una cosa es que un determinado requisito se exija para acceder a algo, ora exigido desde siempre, ora a partir de un determinado momento, y otra muy distinta que se les empiece a exigir a todos los que ya están ejerciendo. Porque, en ambos casos, cabe aducir motivaciones causantes, pero son muy distintas según uno u otro. Incluso si sólo afecta a los que van a acceder a la profesión, no es lo mismo si se ha exigido desde siempre que si se empieza a exigir a partir de un determinado momento; no hay medidas estrictamente decorativas, sino que todas ellas obedecen a un hecho causante que, es de suponer, se pretende evitar. Y si la medida se impone ex nuovo, entonces es que un problema que no existía o cuya incidencia era ínfima y controlada, se ha descontrolado y ha pasado a tener una significatividad que sólo puede consistir un aumento en la frecuencia de las incidencias de tan escabroso cariz como es la pedofilia entre el profesorado.

Porque si hasta la fecha los casos de pederastia eran estadísticamente irrelevantes –no por ello menos reprobables- y a partir de ahora resulta que se exige algo que hasta ahora no se exigía, ha de ser porque han aumentado significativamente, de otro modo no se entiende, más aún si se extiende la medida a todo el colectivo. Ergo, inevitablemente, al menos desde la perspectiva de las administraciones que han impulsado la medida, debemos estar ante un aumento de las incidencias hasta el punto que está justificada la alarma social y cabe poner por ello bajo sospecha a todo un colectivo. Ya digo, de otro modo no se entiende.

¿Ha ocurrido esto? ¿Se ha detectado en los últimos tiempos un aumento de los casos de pederastia entre el profesorado –profesores y profesoras- que justifique tal alarma? ¿Han aparecido y vienen apareciendo recientemente e in crescendo noticias sobre niños y niñas o adolescentes y «adolescentas» objeto de abusos y vejaciones sexuales por parte de maestros y maestras o profesores y profesoras? ¿Existe una alarma social, real o inducida, que reclame tomar urgentemente medidas ante tales supuestas aberraciones?  La respuesta es, en todos los casos, clara y rotundamente, no. ¿Entonces, a qué viene tal medida? ¿A qué motivaciones responde? Y ahí es donde entramos, no sólo en el contexto, sino a lo que éste nos lleva: cui prodest.

En un estado de derecho existe lo que se llama la presunción de inocencia. Cualquier individuo, por indeseable que nos resulte y por peor que nos caiga, en tanto que ciudadano y sujeto de derecho, no ha de acreditar que es un no-pedófilo, un no-corrupto, o un no-delincuente en general, sino que es inocente y libre de toda culpa hasta que se demuestre lo contrario. Y si se le acusa de algo, existen los mecanismos legales al caso que garantizan su derecho a defenderse. Y si es declarado culpable, se le aplica la condena que según la ley corresponda. En los casos de pederastia, dicho sea de paso, uno es de la opinión que las penas han de ser particularmente duras. Pero cuidado, porque esto es una cosa, y otra muy distinta poner a todo un colectivo bajo sospecha y con una intencionalidad muy concreta. Y esto último es precisamente lo que se está haciendo, con actitudes mucho más aviesas y de largo alcance de lo que a simple vista podría parecer.

¿Qué por qué digo esto? A ver, de entrada, porque hay un proyecto –ya en fase muy avanzada por lo que refiere a su efectuación- destinado a transformar radicalmente el sistema educativo para reconvertirlo a funciones meramente asistenciales; y las características profesionales y académicas de todavía buena parte del profesorado actual son un estorbo para este proyecto. He explicado esto, entre otros textos, en «Elogio de la Academia y crisis de laEnseñanza», «La Filosofía perdida» o «El modelo educativo ilustrado y susdetractores». Y de salida, porque dicho modelo asistencial previsto para el sistema educativo –sobre todo el público-, requiere de un nuevo perfil, no de alumno, que es a quien hay que moldear, sino de docente reconvertido a educador que lo moldee como es debido; consciente o inconscientemente, pero para ello el educador ha de haber sido a su vez previamente moldeado –podríamos decir tranquilamente «lobotomizado», pero no lo diremos- Y ciertamente se está en ello.

Supongo que quien quiera que esté leyendo esta entrega, se estará preguntando ahora mismo si estoy pretendiendo insinuar algo así como que la acreditación de la condición no-pedófila de cualquier docente está relacionada con el proyecto al que aludía. Pues bien, por más delirante que pueda parecer, sí, esto es ni más ni menos que lo que estoy afirmando. Una fase más de este proyecto, eso sí, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pero una fase más al fin y al cabo, en el proyecto de destrucción de la Enseñanza y de la desacreditación de quienes la representan –los docentes-. Y ello no porque al 99,9999% de los actuales, los presuntos no-pederastas, la exigencia de acreditación les parezca una humillación más, con las consiguientes mermas en la autoestima del colectivo. Ni tampoco porque, casi con toda seguridad, a los que accedan de nuevo tal requisito de autoconfesión les deje indiferentes; tampoco. Igual algunos hasta se enorgullecen del certificado.

No, la cuestión se me antoja mucho más sutil, y es a partir de dos pistas que voy a correr el riesgo de incurrir en un conspiracionismo aparentemente delirante. Digamos de entrada que para que haya conspiración no es necesaria, sensu stricto, la figura de un conspirador ni la de una camarilla conspirativa iconográficamente representada por personajes siniestros, deformes y malintencionados. No, basta con la lógica del sistema; con la lógica del «monstruo amable», en palabras de Raffaele Simone, autor de la excelente obra con el mismo nombre. Luego, sí, los hay que participan de la conspiración porque les va bien así.

Las dos intuiciones que me han puesto sobre la pista de relacionar algo tan aparentemente disparatado como el certificado de no-pederastia con el proyecto de reconversión del sistema educativo a funciones meramente asistenciales, son las siguientes.
(To be continued...)

 

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