Estado de derecho, y del revés

Algunos parecen pensar que el estado de derecho, por el hecho de serlo, ha de ser gilipollas. Es decir, que no ha de adoptar nunca y bajo ningún supuesto medidas coercitivas o represivas. Tal opinión puede deberse a la simple ingenuidad, a la confusión con estado débil o fallido, o a una instrumentalización de esta idea como pretexto. Otros, incluidos en el grupo anterior en cualquiera de sus variantes, parecen haber confundido el «procés» con un juego de estrategia de ordenador en el cual, si no me gusta cómo se me están poniendo las cosas, puedo retroceder tres o cuatro turnos, y aquí no ha pasado nada. Y en la realidad las cosas no funcionan así.

Tampoco deberíamos creer a pies juntillas en la imparcialidad de los jueces; tienen también, después de todo, su corazoncito, sus emociones y sus afinidades, sus filias y sus fobias. Una cosa es la justicia y otra sus representantes, seres humanos al fin y al cabo. Igualmente, que el poder judicial sea independiente del poder ejecutivo es algo propio del estado de derecho, sí, pero también una sentencia judicial acertada desde el punto de vista estrictamente jurídico que implique consecuencias políticas, acaso graves, puede ser en la práctica una imprudencia y acarrear consecuencias indeseables; es decir, puede ser un error político.  Y si esto ocurre, como pienso que está ocurriendo, entones algo serio está fallando. Me explico.

Admitamos que en España hay una exquisita separación de poderes, lo cual es mucho admitir, de acuerdo. No se trata tampoco, ni mucho menos, de que un político, por ejemplo, por el hecho de serlo, pueda transgredir la ley y pasársela por el arco de triunfo cada vez que se le antoje; sino de la prudencia que en un contexto político de crispación y crisis, se supone que debería presidir el criterio judicial. Un criterio de prudencia que también es aplicable a cualquier otra decisión judicial. Por esto y para esto, precisamente, el estado de derecho confiere a los jueces unos márgenes de discrecionalidad en la aplicación de las leyes en sus autos y sentencias.

En el cado que nos ocupa, lo primero que sorprende es la diferencia de criterio en la aplicación de estos márgenes de discrecionalidad entre la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional y los magistrados del Tribunal Supremo. Ante los mismos supuestos delictivos, la Audiencia fijó prisión y el TS aplazó la vista con libertad condicional, al menos de momento. No parece coherente. Pero pongamos otros ejemplos que no susciten tantas pasiones, que tal vez ayuden a entender a qué m refiero.

Hace unos años, el por entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, retuvo detenido en España al ex dictador chileno Pinochet, aprovechando una escala técnica que hacía en Barajas, por unas causas abiertas desde España contra él por alguno de sus múltiples crímenes. Sin duda una acción encomiable y ajustada a derecho ¿Pero se hubiera procedido igual con el exmandatario de alguna gran potencia  si sobre él pesara, no sé, alguna acusación de genocidio o incluso de acoso sexual? ¿Contra George Bush Jr por su implicación en la guerra de Irak o con Margaret Tatcher por la suya en la de las Malvinas? Es solo un supuesto, claro. No hay ninguna orden de búsqueda y captura contra los citados, y Tatcher ya falleció. Pero la pregunta es si se hubiera procedido igual bajo este supuesto, y me parece evidente que la repuesta es que no.

Y no se trataría de si se lo merecía o no el detenido en cuestión, ni de si se obraba de acuerdo a derecho, sino de que a nadie en sus cabales se le ocurriría detener a un ex presidente de la primera potencia mundial, a menos que su propio país lo reclamara. Entre otras razones, por las nada desdeñables consecuencias que iba a acarrear. Los EEUU, en cambio, sí lo harían con toda probabilidad en el mismo caso a la inversa. Ya lo han hecho. Las razones son obvias y sería insultar a la inteligencia de los lectores enumerarlas ahora.

No se me malinterprete. Aplaudí que se detuviera al sanguinario dictador Pinochet, y si algo deploro es que  no diera con sus huesos en la cárcel hasta el fin de sus días. Por cierto, que la posterior inhabilitación de Garzón no es que dijera mucho de la independencia del poder judicial respecto al político. Y no fue Garzón el único. De modo que cuidado con la independencia de la justicia, porque tampoco, y aparte de los muchos casos que la ponen en tela de juicio –valga la redundancia-, y por acá no escasean, es que sea tan ciega, incluso en casos plenamente ajustados a derecho. Veamos ahora qué ha ocurrido aquí con Junqueras y compañía.

La grotesca huida de Puigdemont –que por cierto da una idea muy cabal de sus escasos redaños- había dejado grogui al «procés». La aplicación del 155 no parecía que fuera a suscitar grandes animosidades más allá de las previstas y muy a la baja. La convocatoria de elecciones en un plazo tan breve –sin duda un acierto político- dejaba a la plana mayor independentista desacreditada ante sus propios parroquianos y víctima de sus propias contradicciones e incompetencias. Con el general en jefe y la mitad de su estado mayor poniendo los pies en polvorosa a las primeras de cambio, y con la otra mitad que se quedó poniéndosele cara de huevo, no es que los augurios para semejante armada fueran precisamente muy halagüeños. Durante un breve lapso de tiempo, hasta se respiró un ambiente de tranquilidad que hacía tiempo que no teníamos la ocasión de disfrutar en Cataluña. Se constataba, además, contra lo que sus pregoneros proclamaban, que todo el «procés» había sido un movimiento inducido y dirigido desde arriba hacia abajo, y no al revés, como sostenían los implicados.

Y resulta que estando citados por los mismos cargos y acusaciones en el mismo día ante el TS, unos, y ante la Audiencia Nacional, otros. El primero concede un aplazamiento de la vista a la vez que retira el pasaporte y pone bajo control policial a los encausados, mientras que la segunda decreta prisión incondicional para los suyos –con la excepción de Vila, que se había desmarcado a última hora-. ¿A qué obedece esta diferencia de criterio?

Sin duda se dirá que obedece precisamente a uso de los márgenes de discrecionalidad que, de acuerdo con su propio criterio e interpretación, hicieron de las mismas acusaciones la sala del Supremo y la jueza de la Audiencia, respectivamente. El resultado, unos en libertad, los encausados por el Tribunal Supremo, y otros en la cárcel, los de la Audiencia; al margen de los fugados, claro.

Admitamos que ambos criterios se ajustan a derecho, con independencia de lo opinión que nos merezcan. Pero lo cierto es que con el encarcelamiento, se le ha dado al independentismo el oxígeno que necesitaba, precisamente cuando estaba al borde de la asfixia, víctima del exceso de CO₂ que sus propias bombonas contenían; es decir, de sus propias contradicciones y marrullerías.

¿Es esta una actuación inteligente por más ajustada a derecho que pueda ser? Pues inteligente, la verdad es que ciertamente no lo parece. A menos que no haya también intencionalidades políticas implícitas. Porque por más independiente que deba ser el poder judicial, los márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones dependen, ante las mismas acusaciones, de valoraciones que no excluyen per se la dependencia de criterios, por ejemplo, de orientación política o simplemente subjetivos. Y cuando una decisión judicial, ya sea ciegamente atenida a criterios legales o escudriñando por el rabillo del ojo, tiene claras y graves implicaciones políticas, se le está jugando una mala pasada al estado de derecho, por el revés de sus propios ropajes.

¿No hubiera sido más coherente, y sobre todo, más inteligente, proceder como el Supremo, dejarlos en libertad condicional vigilada y arremeter contra los fugados? Pienso que sí, pero es lo que hay, y así ahora la volvemos a tener liada.