EL REFERÉNDUM COMO ÚLTIMA OPORTUNIDAD

La Historia es un saber idiográfico, y en el plano que les corresponde como derivados de ella, la Sociología y la Política también... hasta la Economía lo es en gran medida, pese a quien pese. Cada fenómeno abordado como objeto de conocimiento desde estas disciplinas tiene unas singularidades propias que lo hacen único e irrepetible. Podemos establecer el comportamiento de un gas bajo unas determinadas condiciones de presión y temperatura, pero no podemos saber qué hubiera ocurrido si Julio César hubiera sobrevivido al atentado que acabó con su vida o si Cataluña hubiera alcanzado su independencia el 11 de septiembre de 1714.

Tampoco, por las mismas razones, podemos saber en qué sentido derivará una determinada situación política. Podemos intuirlo indiciariamente, pero siempre, o en el mejor de los casos, estaremos a medio camino entre la profecía y la predicción. Esto no es ciencia. No es mejor ni peor, ni superior ni inferior a otros ámbitos de conocimiento como puedan ser la Física o la Química; es, simplemente, lo que hay.

Sirva este exordio de justificación previa a las tesis y juicios que desarrollaré en este artículo. Ni pretendo estar en la verdad absoluta ni pienso que nadie lo esté, pero intentaré argumentar por qué considero ineludible la celebración de un referéndum en Cataluña, por qué pienso que hasta podría contribuir como revulsivo a la superación de buena parte de los estigmas históricos españoles y, también, por qué considero que el empecinamiento en rechazar tal referéndum es un error que todos podemos acabar pagando muy caro.

Hoy por hoy, el independentismo no es mayoritario en Cataluña, pero sí es indiscutiblemente hegemónico. A ello hay que añadirle también una buena parte de la ciudadanía catalana que, sin sentirse independentista, tampoco se identifica con la idea de españolidad que tradicionalmente se ha suministrado como antídoto contra el catalanismo en general. Un sector ciertamente heteróclito, pero que puede coincidir coyunturalmente con algunos de los argumentos del nacionalismo. Una cosa es el diagnóstico y otra la terapia. La sincronía con ciertos aspectos del argumentario independentista no implica que se comparta el ideario. Ignorar esto, o asociarlo al independentismo, es un error cabal. También hay, indudablemente, un tercer sector claramente españolista, en el sentido de no contemplar la posibilidad de secesión bajo ningún concepto. Como en el anterior grupo, hay también muchos matices, pero esto les uniría.

Es difícil establecer una estadística fiable de la proporción en que estos tres sectores, con sus, las más de las veces, difusas fronteras, se distribuirían entre la sociedad catalana. Máxime si tenemos en cuenta que la mayoría de las encuestas realizadas con este objeto vienen todas ellas con un sesgo marca de la casa que los haya pagado. Tampoco las multitudinarias manifestaciones independentistas deberían dar a entender una mayoría independentista, pero sí un recalentamiento del sector nacionalista que se desplaza hacia el independentismo explícito. Y eso sí, con unos niveles de activismo militante que, con los debidos márgenes estadísticos, dan más bien a pensar que son todos los que están y están todos los que son.  

En las últimas elecciones generales (2011), los partidos explícitamente independentistas obtuvieron un total del 35.85% de votos (1.258.508 votantes), con un 66.82% de participación.  Un año después, en las últimas autonómicas del 2012, y con un (sorprendente) índice de participación de un 69,56%, el total de las formaciones independentistas fue un 47.46% (1.787.656 votantes).

En relación al total del censo electoral, el voto independentista en las generales del 2011 fue de un 23.42%; en las autonómicas del 2012, un 33.15%. Contra lo que había sido «normal», hubo mayor participación en las autonómicas que en las generales, un 69,56% contra un 63,52%; un 6.04% más.

En apenas un año, el voto independentista se incrementó en un 7,5%. En cifras se corresponden a un aumento de más de medio millón de votos. Una cifra nada desdeñable, y que da a pensar, sin necesidad de darle demasiadas vueltas, que el aumento de participación en el 2012 obedeció a una movilización del independentismo; y también, que las cohortes generacionales que se incorporan por edad al derecho de voto, lo hacen masivamente al independentismo. La tendencia está ahí. No es mayoritario, pero amenaza con serlo en breve.

Tampoco el auge del independentismo en Cataluña es un fenómeno coyuntural de respuesta a la crisis económica. No cabe duda alguna que ha coadyuvado a ello, pero hay razones subyacentes de calado mucho más profundo que no se pueden entender por la simple coincidencia sincrónica del ascenso del independentismo con la crisis.

El auge del independentismo es más bien el resultado de un proceso que, azaroso o meticulosamente calculado, ha cuajado en «feliz» coincidencia con una crisis que le ha dado si cabe más pábulo. Pero considerar que la hegemonía del independentismo se debe a la crisis económica es un error, uno más de tantos que se han cometido a la hora de desentenderse de Cataluña y de su realidad desde el resto de España.

El talismán de la propuesta independentista es un referéndum por el «derecho a decidir» del pueblo catalán. Tal vez fuera inicialmente un farol concebido como arma de presión por unas élites seguras de su control sobre las correas de transmisión auspiciadas por ellas mismas. Pero si en algún momento fue así, ya no lo es. La prueba más fehaciente de ello son los resultados de las elecciones del 2012. Hoy son dichas correas de transmisión las que marcan la agenda independentista de un gobierno que, hipotecado a su vez por el primer partido de la oposición -ubícuamente oposición, socio y conciencia- se ha convertido, por convicción, por vocación o por estupidez, en rehén de sí mismo.

Por su parte, la propuesta de un referéndum ha cuajado plenamente entre un sector de población mucho más amplio que el estrictamente independentista. Las razones de ello son de lo más variado y van desde la consciencia de las particularidades catalanas con respecto al resto de España, hasta la estética democratizante   de la propuesta. Así es como se ve entre la mayoría de la población catalana, como un derecho cuya prohibición se interpreta mayoritariamente como una imposición arbitraria sin solución de continuidad. Al menos desde este punto de vista, los independentistas están ganando las batallas ideológica y de la imagen, porque con la propuesta de referéndum, la patata caliente se sitúa en el tejado del Estado. El problema está ahí delante, y no querer verlo es contribuir a acrecentarlo.

La percepción que la población de Cataluña tiene en estos momentos de forma mayoritaria, y con independencia de su origen o condición, es que la región más rica de España, la más competitiva y la que mayor proporción de PIB aporta, no está considerada ni tratada como debe; más bien al contrario, aviesamente o negligentemente discriminada. Luego están los recortes del Constitucional al Estatuto -perfectamente instrumentalizados como arma propagandística-, competencias que se le recortaron a Cataluña que sí tienen otras autonomías y, cómo no, el agravio comparativo con vascos y navarros -el pacto fiscal que a Cataluña se le niega-, así como la creciente percepción según la cual si a los vascos se les concedió y a los catalanes no, fue por otro tipo de motivaciones fácilmente detectables. Y todo esto por no hablar de ciertos anti catalanismos viscerales que saltan a la palestra con recurrente regularidad, interpretados por histriones que bien podrían ser topos del independentismo más radical. La diferencia no se notaría. Una imagen según la cual hay quien pertenece a España y hay quien la posee.

No digo que nada de esto sea una verdad objetiva, pero sí afirmo que lo es, con más o menos intensidad, para una buena mayoría de la población de Cataluña. Y esto es un problema muy serio. Porque abona los caladeros independentistas.

Desde un primer momento, la propuesta de referéndum topó con la tajante negativa de los poderes del Estado. El principal argumento aducido es de naturaleza jurídica, el marco legal constitucional no lo permite. La comparación con el caso del referéndum escocés en la Gran Bretaña, se dice, no sirve; porque en Gran Bretaña su marco legal lo permite, en España no. Subyacen a las consideraciones jurídicas, cómo no, otro tipo de valoraciones más subjetivas de lo que nadie está dispuesto a reconocer.

El debate jurídico que se ha organizado sobre el tema, como todos los de esta naturaleza en España, ha estado fuertemente ideologizado. Algunos juristas explícitamente no-independentistas han argüido que sí es posible, los más, que no. Para algunos, tal referéndum, de convocarse, debería serlo en toda España; para otros, lo que se debería dilucidar en tal referéndum sería la modificación de la Constitución...

El pasado 8 de abril, el pleno de Las Cortes rechazó, por abrumadora mayoría, la delegación de la competencia para organizar consultas a la Generalitat. Los argumentos aducidos fueron de naturaleza jurídica: el gobierno no tiene esta competencia, ni el Parlamento, porque para esto haría falta modificar la Constitución. Técnicamente, el debate era éste. Políticamente, se rechazó también de plano tal posibilidad.

Desde el punto de vista legal, probablemente sea así. Pero el problema no es legal, sino político. Nos estamos enfrentando a un hecho no previsto en la Constitución. Luego, o no sirve la Constitución, o no sirve el hecho. Se optó por lo segundo.

Podría parecer que la patata caliente ha vuelto al tejado de los independentistas. Mientras el gobierno de la Generalitat insiste en que buscará la manera de convocar legalmente el referéndum y, en caso de que no fuera posible, convocaría elecciones «plebiscitarias» sin más precisiones, sus correas de transmisión insisten en la convocatoria del referéndum el 9 de noviembre y anuncian la proclamación unilateral de independencia para el 23 de abril de 2015. Proclamación para la cual bastaría la mayoría simple en votación del Parlamento catalán.

Por su parte, desde las correas de transmisión del «otro lado», empiezan a aparecer jeremíacos informes sobre las nefastas consecuencias que la independencia tendría para la economía catalana, su salida de la UE, del euro y de  los aciagos días que nos aguardan tras la independencia. A la vez, también desde instancias más o menos paragubernamentales (pág. 35), se alerta, junto a las consecuencias económicas, de los mecanismos legales al caso para impedir tal despropósito, concebidos como  hipótesis de trabajo, cuya versión más extrema sería la suspensión de la autonomía catalana, la ilegalización de los partidos que hubieran apoyado la iniciativa y la encarcelación de sus líderes. O sea, la Guardia Civil y, caso de resultar necesario, los tanques.

Vaya por delante que, en mi opinión, esta última opción sería la mejor manera de asegurar la independencia de Cataluña en un plazo máximo de cuatro o cinco años, y que por lo tanto, sería el peor de los errores que el gobierno podría cometer. Pero vayamos por pasos.

No creo que la patata caliente esté precisamente ahora en el tejado independentista, sino en el del gobierno, o si se prefiere, del Estado. Y ello fundamentalmente en razón de la asimetría que se da en un desafío de este tipo entre los dos bandos en litigio. Porque uno de los lados es el Estado de derecho... Aunque sólo fuera por este «pequeño» detalle, la patata caliente sigue en el tejado del gobierno, que es quien tendrá que mover ficha sino quiere seguir a expensas de las iniciativas del contrario.

El Estado puede ciertamente mandar al ejército en caso de declaración unilateral de independencia, y hasta podría ser que fuera legal desde el punto de vista estrictamente constitucional, pero su legitimidad moral quedaría tan irremediablemente dañada que, a la par que alimentaría a los sectores más duros e intransigentes del nacionalismo español, mucho me temo que al cabo de muy poco tiempo tal acción se le revolvería en contra como un boomerang. Parece, en cualquier caso, mucho más prudente e inteligente evitar que tal situación llegue a producirse.

Y para evitarlo lo tiene todo en su mano, sólo se le requiere inteligencia política. Tomando la iniciativa, cortando de cuajo el nudo gordiano y convocando el referéndum, el Estado, no la Generalitat, realizando previamente los cambios legales que se ajusten al problema que plantean los hechos, que para esto es para lo que está la legalidad. Por ahora, el gobierno se está limitando a decir que no. El problema es que si no hay referéndum, cualquier escenario es posible. Si lo hubiere, en cambio, no.

Ante los inciertos e indeseables escenarios que se abren, lo más sensato sería evitar que se produzcan las situaciones que los puedan hacer posibles. Y para ello, tal como están las cosas, no veo otra alternativa que la convocatoria del referéndum por parte del Estado; un referéndum que debería gestionar y llevar a cabo el propio Estado, con todas las garantías legales de rigor. Unas garantías que no se darían en un plebiscito convocado por la Generalitat y, menos aún, si irrumpiera la Guardia Civil a requisar las urnas.

Con esta medida, el Estado tomaría la iniciativa por partida doble. Por un lado, la patata caliente se quedaba definitivamente del lado independentista, porque la legalidad de tal convocatoria sería indiscutible y porque, constitucionalmente, es al Estado a quien le correspondería organizarla porque cuestión de Estado es. Por el otro lado, la batalla de la imagen tomaría un giro inesperado porque, entre otras cosas, los sectores más recalcitrantes del independentismo le negarían al estado la potestad de organizar el referéndum en Cataluña, pero no podrían impedirlo y, de oponerse, quedarían desacreditados ante la inmensa mayoría de la población, catalana y española. La imagen peyorativa de una cierta España que, con fundamento o sin él, goza de gran arraigo, quedaría redimida, y la intolerancia y el fanatismo de algunos, quedarían a su vez en evidencia. Y el cambio de actitud de muchos, me atrevo a asegurar que también.

La convocatoria no tiene por qué ser inmediata, pero su anuncio sí. Cada día que pasa se está perdiendo un tiempo precioso. Si hay que cambiar la Constitución, pues se cambia. Sólo se requiere un pacto de estado por parte de agentes que estén a la altura del mismo. El anuncio por parte del Estado le sitúa, además, en posición legítima para establecer las reglas del juego. Debería convocarse en un plazo de entre dos y dos años y medio -algo parecido a como lo gestaron los gobiernos británico y escocés-, y durante este periodo, las distintas partes tendrían la oportunidad de explicar sus posiciones y las consecuencias de cada una de las opciones. Entonces sí tendría sentido explicar si a la economía catalana le iba a ir bien o mal, qué pasaría con la deuda, qué modelo de sociedad proponen los distintos grupos independentistas y, desde luego, acotar ciertos aspectos que hasta ahora se han tratado con una ligereza más que preocupante.

El primero son los términos de la pregunta del referéndum. La fórmula planteada por la Generalitat no es que sea confusa, sino manifiestamente tramposa. Nada de subterfugios. La pregunta ha de ser clara y diáfana, sin dobleces ni repliegues: ¿QUIERE USTED UNA CATALUÑA INDEPENDIENTE, "SÍ" O "NO"? Sin más.

También contribuiría a establecer los términos y las mayorías. Un referéndum para decidir la independencia no es una cosa que se pueda hacer cada día, y es una decisión de gran trascendencia que no sólo ocupa a las actuales generaciones, sino también a las venideras. Una simple mayoría del 50,01% contra el 49,99% no es suficiente para una decisión como ésta, se mire como se quiera. Igualmente, la participación no es tampoco un tema baladí. Se podría establecer un requisito mínimo de participación de dos tercios del electorado (66%) y el voto afirmativo de las tres quintas partes (60%) para que la decisión fuera válida y vinculante.

Nadie en sus cabales podría oponerse a términos tan razonables de tiempo -para informarse y reflexionar-, de participación -dada la envergadura del tema- y de decisión -por idénticas razones-. Los Estados fuertes de verdad son precisamente los que no precisan recurrir al uso de la fuerza contra sus propios ciudadanos, ni temen timorata o furibundamente que, a las primeras de cambio, éstos les den puerta.

La gran pregunta es si España será capaz de esto. El hecho es que es ineludible que lo sea. No sé si es demasiado pedir, pero es la última oportunidad; la última oportunidad de España, no de Cataluña.