Huelga, obsolescencia y postureo (III de III)

Imaginemos que los trabajadores del metro, en lugar de declararse en huelga, acuden como siempre a su trabajo, sólo que dejan libre el paso a los pasajeros, sin que tengan que fichar en la maquinita. Todo igual que siempre, sólo que gratis. ¿Se imaginan la simpatía que esta acción suscitaría entre los usuarios? ¿Y el ridículo de la Administración? Y si una huelga indefinida es, por definición, imposible, esto, en cambio, sí se puede mantener indefinidamente.

Sí, claro, hay un problema. Se trataría de una ilegalidad que sin duda se consideraría sabotaje. Por algo lo único que está permitido es la huelga clásica, un modelo agotado, al menos en empresa pública. Y los primeros interesados en ello, los sindicatos. Pero se puede plantear, si hay verdadera voluntad de ello, con suficiente fineza como para eludir los controles de la Administración, que acabaría volviéndose loca y poniéndose de rodillas… o militarizando al metro ¿Se imaginan a Ada Colau militarizando los transportes públicos de Barcelona? Ahí sí que le dolería.

Por otro lado, tampoco sería un planteamiento tan extraño. Uno, que es usuario habitual del metro, está harto de ver como una más que significativa parte del personal se cuela descarada y abiertamente sin pagar, delante de las mismas narices de los imperturbables seguratas o de los carnavalescos controles que no consiguen sino hacer perder al tiempo al que ha pagado. Así que sólo consistiría en hacer explícito lo que ya es en buena medida implícito. Y esto es precisamente lo que pondría a la Administración en un aprieto: hacer explícito lo implícito es justo lo que no podrían soportar, tan dados como son al teatrillo del que viven.

En enseñanza, la concreción iría por otros derroteros, pero en definitiva bajo el mismo modelo: minimizar el quebranto económico de los trabajadores, evitar de paso hacer el payaso, empatizar con los usuarios e inyectarle a la Administración suficiente presión como para que se ponga de los nervios. Es cierto que, como a los del metro, también podrían acabar militarizándonos, pero en ambos casos, con un impacto muy distinto al de la militarización de los controladores aéreos, que estaban haciendo una huelga convencional abiertamente antipática e impopular.

Veamos. En el caso de una huelga convencional de maestros y profesores, siempre se cuenta con la animadversión de eso que se llama la «comunidad educativa». No de los alumnos, ciertamente, pero sí de los padres y, por decirlo así, de los taxistas. Siempre la culpa es de los docentes. Y la Administración, no sólo no deja de recaudar en caso de huelga, sino que se ahorra limpiamente y por el morro la partida presupuestaria salarial correspondiente a la duración de la huelga. Dicho sea de paso, una huelga de un día no sirve para nada, salvo para hacer el primo. Por lo tanto, y siempre salvo hecatombes, hasta puede que, objetivamente, a la Administración le interesara una huelga de maestros y profesores de un mes de duración. Siempre que la culpa y la impopularidad se la lleven los docentes, claro.  Los padres no quieren que sus hijos se queden en casa o en la calle por una huelga de docentes, y cuando la hay, despotrican. La Administración, no sólo escurre el bulto, sino que gana dinero. ¿Cómo invertir esto?

Pues invirtiéndolo. Vuelvo a lo implícito explicitado. Hoy en día, hablar de sistema educativo es una parodia grotesca, una hipocresía elefantiásica. No entraré en el por qué, ya lo he denunciado en muchas otras ocasiones. Es pura pantalla. Como una tienda cuyo inaccesible escaparate exhibe productos de diseño y calidad, pero cuyo almacén sólo contiene baratijas y quincalla. Sin más. Hagámoslo, pues, explícito. Y de paso acabamos con el fracaso escolar y con las presiones de la mismísima Administración para que aprobemos más a los alumnos. Pongámosles a todos un nueve o un diez, sin más. Y a los más flojeras, un ocho. Acaso en algunos supuestos extremos, un siete. Pero nunca por debajo del siete. Si el sistema está podrido, bombeemos la mierda.

Los alumnos, contentos en su inmensa mayoría. Protestarían los buenos, pero como el sistema no está pensado para ellos, son provisionalmente prescindibles. A veces hace falta hacer sacrificios. Además, sería aplicar a rajatabla los principios pedagógicos con los que tanto nos atribulan. Casi una huelga de celo, y cobrando. ¿Los padres? Bueno, protestarían los de los alumnos buenos. Pero la igualdad es la igualdad. Y todo el mundo tiene derecho a triunfar y a sacarse su titulillo. ¿Cómo no? Quien se negara sería un discriminador.

La Administración se pondría muy nerviosa e iracunda, entre otras razones porque estaríamos llevando a cabo su propio proyecto deseducativo; algo cuya posibilidad quizás no había contemplado. Y hasta los psicopedagogos devendrían innecesarios. Sería reventar el sistema por dentro. Hacer explícito lo implícito. Y a ganar. También con la preceptiva fineza, claro, para eludir a los mismos botarates que antes nos presionaban para que aprobáramos por el morro.

Eso sí, tal medida contaría con la oposición radical de muchos docentes. A mí, uno me espetó que yo era un mal profesional cuando sugerí esta idea, que consideró una vileza insultante para la dignidad docente. Y un fraude a la sociedad. Y es cierto si pensamos todavía que cuando un profesor pone la nota, es algo así como un juez emitiendo sentencia o  un cura consagrando la hostia –Sciaccia dixit-. Pero hoy esto dista mucho de ser así. Sólo que a veces no queremos enterarnos. Sobre todo si consideramos que esta misma persona, sólo unos meses antes, había despotricado con todo tipo de improperios contra la directora que le había obligado a aprobar a dos alumnos que habían obtenido, como nota en su materia, sendos ceros patateros ganados, por cierto, con todo merecimiento.

Puede que una acción de este tipo protesta fuera algo surrealista. Aunque no sé del todo si lo surrealista no es la situación actual y cómo tantos sobreviven en ella vendiéndose por una palmadita en el hombro. Y seguimos en el esperpento.