Huelga, obsolescencia y postureo (III de III)

Imaginemos que los trabajadores del metro, en lugar de declararse en huelga, acuden como siempre a su trabajo, sólo que dejan libre el paso a los pasajeros, sin que tengan que fichar en la maquinita. Todo igual que siempre, sólo que gratis. ¿Se imaginan la simpatía que esta acción suscitaría entre los usuarios? ¿Y el ridículo de la Administración? Y si una huelga indefinida es, por definición, imposible, esto, en cambio, sí se puede mantener indefinidamente.

Sí, claro, hay un problema. Se trataría de una ilegalidad que sin duda se consideraría sabotaje. Por algo lo único que está permitido es la huelga clásica, un modelo agotado, al menos en empresa pública. Y los primeros interesados en ello, los sindicatos. Pero se puede plantear, si hay verdadera voluntad de ello, con suficiente fineza como para eludir los controles de la Administración, que acabaría volviéndose loca y poniéndose de rodillas… o militarizando al metro ¿Se imaginan a Ada Colau militarizando los transportes públicos de Barcelona? Ahí sí que le dolería.

Por otro lado, tampoco sería un planteamiento tan extraño. Uno, que es usuario habitual del metro, está harto de ver como una más que significativa parte del personal se cuela descarada y abiertamente sin pagar, delante de las mismas narices de los imperturbables seguratas o de los carnavalescos controles que no consiguen sino hacer perder al tiempo al que ha pagado. Así que sólo consistiría en hacer explícito lo que ya es en buena medida implícito. Y esto es precisamente lo que pondría a la Administración en un aprieto: hacer explícito lo implícito es justo lo que no podrían soportar, tan dados como son al teatrillo del que viven.

En enseñanza, la concreción iría por otros derroteros, pero en definitiva bajo el mismo modelo: minimizar el quebranto económico de los trabajadores, evitar de paso hacer el payaso, empatizar con los usuarios e inyectarle a la Administración suficiente presión como para que se ponga de los nervios. Es cierto que, como a los del metro, también podrían acabar militarizándonos, pero en ambos casos, con un impacto muy distinto al de la militarización de los controladores aéreos, que estaban haciendo una huelga convencional abiertamente antipática e impopular.

Veamos. En el caso de una huelga convencional de maestros y profesores, siempre se cuenta con la animadversión de eso que se llama la «comunidad educativa». No de los alumnos, ciertamente, pero sí de los padres y, por decirlo así, de los taxistas. Siempre la culpa es de los docentes. Y la Administración, no sólo no deja de recaudar en caso de huelga, sino que se ahorra limpiamente y por el morro la partida presupuestaria salarial correspondiente a la duración de la huelga. Dicho sea de paso, una huelga de un día no sirve para nada, salvo para hacer el primo. Por lo tanto, y siempre salvo hecatombes, hasta puede que, objetivamente, a la Administración le interesara una huelga de maestros y profesores de un mes de duración. Siempre que la culpa y la impopularidad se la lleven los docentes, claro.  Los padres no quieren que sus hijos se queden en casa o en la calle por una huelga de docentes, y cuando la hay, despotrican. La Administración, no sólo escurre el bulto, sino que gana dinero. ¿Cómo invertir esto?

Pues invirtiéndolo. Vuelvo a lo implícito explicitado. Hoy en día, hablar de sistema educativo es una parodia grotesca, una hipocresía elefantiásica. No entraré en el por qué, ya lo he denunciado en muchas otras ocasiones. Es pura pantalla. Como una tienda cuyo inaccesible escaparate exhibe productos de diseño y calidad, pero cuyo almacén sólo contiene baratijas y quincalla. Sin más. Hagámoslo, pues, explícito. Y de paso acabamos con el fracaso escolar y con las presiones de la mismísima Administración para que aprobemos más a los alumnos. Pongámosles a todos un nueve o un diez, sin más. Y a los más flojeras, un ocho. Acaso en algunos supuestos extremos, un siete. Pero nunca por debajo del siete. Si el sistema está podrido, bombeemos la mierda.

Los alumnos, contentos en su inmensa mayoría. Protestarían los buenos, pero como el sistema no está pensado para ellos, son provisionalmente prescindibles. A veces hace falta hacer sacrificios. Además, sería aplicar a rajatabla los principios pedagógicos con los que tanto nos atribulan. Casi una huelga de celo, y cobrando. ¿Los padres? Bueno, protestarían los de los alumnos buenos. Pero la igualdad es la igualdad. Y todo el mundo tiene derecho a triunfar y a sacarse su titulillo. ¿Cómo no? Quien se negara sería un discriminador.

La Administración se pondría muy nerviosa e iracunda, entre otras razones porque estaríamos llevando a cabo su propio proyecto deseducativo; algo cuya posibilidad quizás no había contemplado. Y hasta los psicopedagogos devendrían innecesarios. Sería reventar el sistema por dentro. Hacer explícito lo implícito. Y a ganar. También con la preceptiva fineza, claro, para eludir a los mismos botarates que antes nos presionaban para que aprobáramos por el morro.

Eso sí, tal medida contaría con la oposición radical de muchos docentes. A mí, uno me espetó que yo era un mal profesional cuando sugerí esta idea, que consideró una vileza insultante para la dignidad docente. Y un fraude a la sociedad. Y es cierto si pensamos todavía que cuando un profesor pone la nota, es algo así como un juez emitiendo sentencia o  un cura consagrando la hostia –Sciaccia dixit-. Pero hoy esto dista mucho de ser así. Sólo que a veces no queremos enterarnos. Sobre todo si consideramos que esta misma persona, sólo unos meses antes, había despotricado con todo tipo de improperios contra la directora que le había obligado a aprobar a dos alumnos que habían obtenido, como nota en su materia, sendos ceros patateros ganados, por cierto, con todo merecimiento.

Puede que una acción de este tipo protesta fuera algo surrealista. Aunque no sé del todo si lo surrealista no es la situación actual y cómo tantos sobreviven en ella vendiéndose por una palmadita en el hombro. Y seguimos en el esperpento.

Huelga, obsolescencia y postureo (II de III)

El desgaste para la Administración sólo pude ser político y de imagen. Y en otros tiempos fue muy probablemente así. Un poder político agobiado por las huelgas de sus propios trabajadores, acaba desgastado y corre el serio riesgo de ser desalojado en las próximas elecciones. Pero tal teorema es excesivamente simple. Puede servir para administraciones débiles, pero nada más. Contra una Administración fuerte, se agota en sus propias limitaciones.

En realidad, el modelo de huelga clásica en el sector público funcionó durante la Transición, y por inercia, algo más allá, pero se agotó hace ya mucho tiempo. Hoy las administraciones públicas no son débiles ni están acomplejadas, sino todo lo contrario. Y en lo referente al modelo de Administración pública, los poderes políticos están más por la labor de pergeñar su disolución y reconversión en un modelo franquicial, de concesionario, en el cual una élite política construye su propia red clientelar a partir de su propia desregulación, bajo un modelo neoliberal de subcontratación que afecta por igual a derecha e izquierda. Y bajo este modelo ¿A quién debilita más una huelga del sector público? ¿A los trabajadores o a la Administración?

Una huelga de metro y autobús como la actual en Barcelona –lo mismo una de maestros y profesores-, nunca le resulta simpática a la ciudadanía contituida en usuaria de estos servicios. Porque inevitablemente, es a la ciudadanía a quien crea transtornos y quebrantos. La Administración, consciente de ello, se lava las manos. Los culpables son los trabajadores y los sindicatos que convocan las huelgas, con tan escaso espíritu cívico. Incluso Ada Colau, tan progre ella, ha incurrido en tales juicios, calificando la actual huelga de «excesiva».

Yo no sé si es excesiva o no. Lo que sí sé es que, al ser la suya una alcaldía de coalición, los cargos políticos con sueldo han proliferado en las empresas públicas de transportes urbanos como setas en época de lluvia. Y si tenemos en cuenta que por lo general, esta gente más entorpece que ayuda a la buena gestión, esto puede generar agravios y mosqueos. Pero ni Ada Colau ni su equipo de gobierno municipal van a perder dinero con esa huelga. No ingresarán estos días, cierto, pero si tenemos en cuenta que se trata de un transporte subvencionado, el quebranto que les puede suponer lo cubren con descuento en nóminas. Y si no, pues suben los impuestos. Quiero decir con todo esto que quién se desgasta son los huelguistas, objeto de las progresivas iras de la ciudadanía, contra más se alargue la huelga. Para que se desgastara políticamente una Administración, tan apegados al sillón como están, haría falta una hecatombe para la cual, hoy por hoy, no concurren las circunstancias. Y las eventuales pérdidas económicas no les importan. De modo que hay que pensar en otro tipo de acciones, si de verdad se le quiere meter presión a la Administración.

Y ahora les toca a los sindicatos. ¿Por qué, conscientes como han de ser de todo esto, perseveran contumazmente con un modelo obsoleto que a quienes desgasta es precisamente a ellos? A lo mejor porque ya les va bien así. El sindicalismo de clase en este país hace años que es una merienda de negros, y los grandes sindicatos han renunciado a su función de negociar las reivindicaciones de sus representados, limitándose a negociar su propio papel de negociadores. Eso y, por supuesto, los negocietes que obtienen de la propia Administración a cambio de su tibieza y displicencia. Lo demás, puro postureo… teatrillo.

A los primeros que no les interesa pensar en otro tipo de acciones, es a los grandes sindicatos, cuyos nombres no merece la pena ni mencionar porque están en boca de todo el mundo. Y es que además, puede que perdieran sus porciones del pastel en cuyo reparto siempre están, como el perejil está en todas las salsas.

Pero hay otras opciones, más rentables y efectivas; sólo que a las berroqueñas mentes de los dirigentes sindicales de clase, no es que no se les ocurran, sino que les tienen auténtico pavor –por lo del pastel, claro-. Vamos a ver, se me ocurren, a bote pronto, un par, una para los trabajadores del metro y otra para mi gremio, el docente.

(To be conntinued...)

 

Huelga, obsolescencia y postureo (I de III)

Llevamos unos días en Barcelona con huelgas en los transportes públicos: el metro y el autobús, debidamente alternados. Hace ya unos años, preparé un informe, que por supuesto no obtuvo el menor eco, en el cual planteaba la inutilidad del modelo de huelga tradicional en la enseñanza pública, y apostaba por la búsqueda de acciones de protesta y presión, sí, no se sorprendan, más «imaginativas». El planteamiento era extensivo a todo el sector público, con sus debidas variaciones. Es decir, a todos aquellos trabajadores o funcionarios cuyo empresario es la Administración.

La idea central consistía en que la huelga, bajo su formato tradicional, pudo ser en su momento una herramienta útil, y acaso lo siga siendo todavía en ciertos sectores, pero no en el de la Administraciones públicas, donde se habría convertido en un anacronismo. El argumento central era que una huelga es una medida de presión cuyo objetivo es inyectarle esta presión al empresario, para que acabe accediendo a las peticiones de los huelguistas, o a parte de ellas. Y ello implica que dicha presión comporte que también el empresario tenga algo que perder. Porque si no tiene nada que perder, no hay presión, sino mero postureo. Y esto era lo que, en mi opinión, ocurría en el sector público, muy particularmente en el de la enseñanza.

El modelo de huelga clásica surge en el siglo XIX, básicamente en los sectores fabril e industrial. Los trabajadores no perciben salario, ésa es la presión que ellos soportan; pero el empresario tampoco obtiene ingresos. Se trata de ver quién resiste más tiempo. En su momento, los trabajadores inventaron las cajas de resistencia y, ocasionalmente, recurrían a acciones intimidatorias; los empresarios el cierre patronal –lock out-, y a la contratación de esquiroles, así como, también, a accione intimidatorias contratando pistoleros o acudiendo a la policía. Se trataba, para los trabajadores, de resistir hasta que el patrono, agobiado por la falta de ingresos, se aviniera a razones, y poder volver a trabajar para percibir sus salarios. Para el patrono, el objetivo era el mismo: retomar la producción. La diferencia consistía en bajo qué condiciones.

Intimidaciones y esquiroles aparte, el modelo puede ciertamente seguir siendo útil. Una huelga en la Seat o en el Corte Inglés, siguen manteniendo en esencia el formato clásico. Los trabajadores no cobran sus salarios, pero mientras tanto, la Seat no produce coches y el Corte Inglés no vende nada. Todos están bajo presión, todos están perdiendo algo, y a ambos lados les interesa objetivamente el final de la huelga. Uno parámetros bajo los cuales, al menos formalmente, hay posibilidades de negociación y expectativas de acuerdo. Ya digo, al menos objetivamente, dejando al margen subjetivismos y temperamentalidades, que por otra parte, suelen hacer acto de presencia en este tipo de conflictos.

Ahora bien, ¿Es este el escenario que concurre en una huelga, pongamos de transportes municipales públicos, o de maestros y profesores igualmente públicos? Mucho me temo que no. Algunos dirán que bajo este formato clásico se obtuvieron grandes victorias. Y es posible, pero siempre en pretérito. Hoy es un modelo agotado.

Una huelga en cualquier sector público es siempre, inevitablemente, no sólo una huelga contra el patrono, sino también contra una Administración, que es una forma de poder político. La presión de que es objeto una Administración ante una huelga de sus funcionarios o trabajadores públicos, es de naturaleza muy distinta a la de la Seat, El Corte Inglés o Mercadona. Para empezar, la Administración no pierde dinero con una huelga, sino que, todo lo contrario, lo ahorra. Porque la Administración –municipal, autonómica, estatal…- funciona con unos presupuestos cuyos ingresos no provienen de su facturación, sino de fondos públicos obtenidos por distintos conceptos, básicamente recaudatorios. Una huelga de quince días en un ayuntamiento, supone ahorrarse la partida salarial previamente presupuestada. Por lo tanto, la naturaleza de la presión ejercida no es económica. Pero si no es económica, entonces ¿de qué tipo es?

(To be continued...)